13 Oct Abogados negligencias médicas Barcelona: sentencia sin precedentes por un caso de hipoxia neonatal
Como abogados negligencias médicas Barcelona aplaudimos la resolución que obliga al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a pagar la indemnización más alta en la historia de España por una negligencia en el parto. En una decisión sin precedentes, las aseguradoras deben pagar 5,2 millones de euros a la familia de una niña que sufrió graves lesiones durante su nacimiento en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real). El acuerdo, logrado mediante conciliación, ha evitado que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo, pero el periplo judicial comenzó hace diez años.
En octubre de 2012 la madre acude al Hospital porque ha empezado el trabajo de su tercer parto, pero en los controles la matrona descarta el uso de una de las dos cinchas con las que se hace la monitorización cardíaca y el control de la dinámica uterina. Una mala praxis que impide detectar adecuadamente la pérdida de bienestar fetal y da comienzo a una serie de errores en cadena.
Según las pruebas presentadas por la acusación no se tienen en cuenta los 26 episodios de disminución de frecuencia cardiaca del feto ni las nueve anotaciones de bradicardia impresas en la tira de control. Este último indicador se refiere a los latidos del corazón que no pueden estar por debajo de los 120 por minuto, pero en este caso se registran niveles de 80 e incluso, 60, un descenso significativo que, no obstante, no se percibe como señal de alarma.
Parálisis grave y encefalopatía
El sufrimiento fetal irreversible se refleja en un 97% de incapacidad de por vida. En la actualidad, la niña vive con parálisis grave con predominio distónico (convulsiones musculares), tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica (lesiones cerebrales debido a la falta de oxígeno) y debe alimentarse mediante sonda gástrica. Además, en su historial consta una hospitalización de 91 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital de Albacete, así como múltiples intervenciones quirúrgicas.
En 2019 una primera sentencia condena a la matrona y al médico que asistieron el parto a pagar una multa de 2700 euros cada uno como autores de un delito de lesiones por imprudencia profesional y fija una indemnización de 5,5 millones de euros que deben asumir las aseguradoras como parte responsable. Al no estar de acuerdo con el monto, la acusación recurre la sentencia que –finalmente- es ratificada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Y aunque la familia quería continuar por la vía judicial hasta el Tribunal Supremo, un acuerdo entre las partes ha permitido llegar a la cantidad de 5,2 millones de euros.
Diez años de reclamación
Hasta el momento, la indemnización más alta por negligencia médica en España se situaba en los 3,3, millones de euros, pero esta la supera debido al largo tiempo transcurrido desde los hechos. Según recoge la sentencia «los encausados, en su calidad de ginecólogo y matrona respectivamente, encargados del seguimiento y control del parto, pese a sus respectivas cualificaciones profesionales y apartándose de la pericia que les era exigible en atención a sus conocimientos, con un proceder absolutamente negligente, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal, en orden a la finalización del parto y evitación de un sufrimiento fetal irreversible».
Según lo que han explicado los representantes de la familia a los medios, nadie del SESCAM los llamó ni siquiera cuando se produjo la primera sentencia, ni ofreciendo medios, ni asistencia. Para ellos fue una gran decepción porque se sintieron abandonados a su suerte. En este despacho de abogados negligencias médicas Barcelona estamos convencidos de que la calidad humana debe estar por encima de cualquier consideración y, en casos tan graves como estos, es fundamental ponerse del lado de las familias que necesitan apoyo para sobrellevar las dificultades de su día a día. Sabemos que cuando los daños son irreversibles no son compensables pero emprender una reclamación judicial puede generar los recursos económicos necesarios para paliar tratamientos y cuidados y recuperar, en parte, la estabilidad perdida.